La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el inicio de una investigación exhaustiva para determinar si las acusaciones vertidas por las autoridades de Estados Unidos cuentan con el sustento legal necesario bajo las leyes mexicanas.
A continuación, los puntos clave de la postura oficial:
Evaluación de pruebas: La Fiscalía buscará allegarse de información que establezca si existe la probabilidad de que los hechos narrados constituyan un delito, requisito indispensable para solicitar cualquier orden de aprehensión ante un juez.
Soberanía jurídica: De acuerdo con la legislación nacional, no basta con una acusación externa; es obligatorio presentar datos de prueba que infieran la participación de una persona en un hecho delictivo.
Tratado de Extradición: El convenio bilateral con EE. UU. estipula que la extradición solo procede si las pruebas son suficientes bajo las leyes de México. En el caso actual, se ha precisado que la solicitud estadounidense carece de elementos probatorios contundentes.
Ruptura de confidencialidad: La FGR señaló que las propias autoridades de EE. UU. solicitaron mantener la información bajo estricta reserva para no afectar los procedimientos penales en su país. No obstante, la filtración de estos datos —admitida por las mismas autoridades norteamericanas— contraviene las normas procesales y la naturaleza confidencial del caso.
Nota editorial: El Gobierno de México enfatiza que la divulgación de esta información podría ir en detrimento de los procesos judiciales en curso en ambos lados de la frontera.
